Antonio es un vecino de Peramola (Cataluña), de 79 años, hace 8 años que está en el Hospital de la Seu d'Urgell y, pese a tener el alta desde hace dos años, no quiere marcharse.
El motivo es que no quiere pagar la plaza en la residencia donde lo quieren derivar. De los 800 euros que cobra de pensión, paga 480 al centro sanitario, mucho menos de lo que pagaría en una residencia.
En 2013 ingresó por una patología vascular asociada a la diabetes que le provocó la amputación de las dos piernas, y hace casi 2 que los médicos le dieron el alta médica. Él, sin embargo, no quiere ni oír hablar de irse del hospital.
Antonio, avisa que sólo dejará el centro obligado por un juez o si lo expulsan por la fuerza.
Desde Servicios Sociales, explican que le han buscado residencias públicas y privadas pero las ha rechazado reiteradamente.
El alcalde de la población catalana, reclama que se deje libre la plaza, ya que puede servir a otros ciudadanos realmente convalecientes.
Además, Antonio tiene absolutamente prohibido salir del hospital por las restricciones de la Covid, pero él hace oidos sordos a la normativa del centro y entra y sale cuando quiere.
La decisión final sobre si debe dejar el hospital o no la tomará un juez. Hasta ahora, la justicia ha dado la razón al hospital, pero Antonio ha presentado recurso.
